14 de abril

 

Hace hoy 77 años España daba un importante golpe de timón en su rumbo. Los acontecimientos que sucedieron en los siguientes 46 años han vestido dicho cambio de una importancia tal vez más trascendente de la que le correspondería.

 1931-1939 BANDERA DE ESPAÑA II REPÚBLICA    1936-1938 BANDERA ESPAÑA_2

Los cien años que precedieron a aquel 14 de abril de 1931 estuvieron tachonados de demasiados momentos similares. Efectivamente, la España que durante la guerra contra la invasión francesa se había dado a sí misma la primera constitución (19 de marzo de 1812) contempló en los años siguientes, hasta 1868, golpes de Estado exitosos y fallidos y dos guerras carlistas (en cierto modo también golpes de Estado fallidos) Al menos en cinco ocasiones (1814, 1820, 1823, 1843, 1854) el sistema legalmente constituido fue derribado sin mediar más que la intervención de militares con mayor o menor apoyo civil, para hacer del caído régimen abominable y del amparado por las armas el legalmente constituido y, además de la de 1812, otras dos constituciones vieron la luz (1837, progresista; 1845, moderada) Este proceso concluyó con una revolución, llamada "Gloriosa", que, triunfante en 1868, derribó la monarquía, representada por Isabel II, abrió un periodo constituyente con un Gobierno Provisional, una constitución democrática (1869), una nueva monarquía constitucional (Amadeo I de Saboya) y, finalmente, una República Federal de once meses de vida; y todo ello aderezado por conspiraciones, guerra en Cuba y el inicio de la Tercera Guerra Carlista. Un nuevo pronunciamiento militar (General Martínez Campos), cerró el llamado Sexenio Revolucionario y permitió el restablecimiento de la monarquía borbónica. Otra vez, el poder legalmente constituido era derribado.

 

En 1876 entró en vigor la constitución que, hasta la fecha, ostenta la plusmarca nacional de "pervivencia", una constitución que amparó el llamado sistema de la Restauración, pródigo en paz pero también en corrupción política, estando como estaba fundamentado en una pacífica y apañada alternancia en el poder de los partidos mayoritarios.

El comienzo del siglo XX, cuyo aire venía impregnado de las convulsas brisas de lucha de clases que se desataban en Europa y que inspiraban radicales ideologías totalitarias de distinta orientación, unido a los muy hispánicos problemas derivados de nuestro individualismo (regionalismo, anticlericalismo-clericalismo) torpedearon un sistema que no supo adaptarse a las circunstancias y que terminó cediendo ante un nuevo golpe de Estado, el del General Miguel Primo de Rivera, que acunó la agonía del reinado de Alfonso XIII.

 

Así, cuando en 1931, en el marco de la legalidad vigente, se convocaron elecciones municipales, existente un pacto previo entre los partidos antimonárquicos, era obvio para todos que no sólo se iban a elegir concejales y alcaldes sino que los resultados se iban a interpretar en clave plebiscitaria. No se llegó al recuento y publicación oficial de los resultados (que en su conjunto habrían arrojado una mayoría de concejales monárquicos), las noticias llegadas de las principales capitales, donde las candidaturas republicanas cobraban ventaja, sirvió de base suficiente para que, ahora con protagonistas civiles, se consumara un nuevo golpe a la legalidad y se proclamara la Segunda República. No hubo resistencia; el rey salió sin ruido de España y una ola de optimismo inundó la piel de toro por el nuevo horizonte. Un puñado de políticos-intelectuales (pareja de conceptos pocas veces asociables) formó el gobierno provisional cuyo principal adalid (aunque cediera la cabeza a Alcalá Zamora) era don Manuel Azaña.

 

Frenados los iniciales desmanes (que incluyeron la proclamación de un estado catalán unido a una aún no definida república federal española), la república caminó poco a poco hacia su normalización, finalmente conseguida con las primeras elecciones generales y la aprobación de la constitución. Pero los problemas de fondo de la sociedad española seguían presentes; los nuestros y los que venían de la convulsa realidad de la Europa del momento. Las antagónicas ideologías que definían regímenes enfrentados y preparaban el caldo de cultivo de la guerra mundial, se enseñoreaban del radicalismo de buena parte de las bases de casi todos los partidos españoles. Los políticos, como casi siempre, y a pesar de las buenas intenciones de muchos, se empeñaban en actuar más contra los otros que a favor de algo. Los más liberales y progresistas no fueron capaces de frenar el radicalismo de ciertos sectores; y los sectores más conservadores, heridos por las reformas que afectaban a aspectos que ellos consideraban inamovibles, fueron fortaleciéndose entorno a determinadas figuras militares y civiles. El arco parlamentario, multicolor al principio, fue poco a poco centrifugándose propiciando la división y el enfrentamiento, una división que se materializó en la formación de dos "frentes enfrentados" en las elecciones de 1936 y que estalló el 17-18 de julio con un nuevo pronunciamiento contra la legalidad vigente que desembocó en la más sangrienta contienda civil de nuestra historia.

 

Lamentablemente, las circunstancias en las que se desarrolló la república y la propaganda posterior hicieron de ella un sinónimo de marxismo, revolución, anticlericalismo, sectarismo… Nació como un marco legal para todos; pero los radicalismos y el resultado posterior de la guerra terminaron dividiendo a los españoles sobre lo que significó y significa un sistema republicano.

 

La transición hacia el actual sistema monárquico parlamentario se hizo, por primera vez, sin pronunciamientos y sin revoluciones, sobre la base de la legalidad del régimen anterior que periclitó definitivamente con la actual constitución. El papel jugado en el proceso por el rey, heredero del propio régimen desmontado, ha mantenido el respeto por su figura y la institución monárquica, por mucho que sea una institución, bajo mi punto de vista, completamente anacrónica y poco entonada con el principio de igualdad que sustenta la propia constitución, un principio que, bajo un régimen republicano, permite a cualquier ciudadano, independientemente de su cuna, poder aspirar a ocupar la jefatura del estado.

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