JUSTICIA Y JUECES

La Ley y la Justicia son ininteligibles.

Las leyes las elaboran, a las órdenes de los políticos, juristas cuyo razonamiento verbal quedó distanciado años-luz del razonamiento verbal popular al día siguiente de la primera clase en la Facultad. Por ello, las leyes están redactadas con un léxico, unos giros y unas formas gramaticales, morfológicas y sintácticas tan enrevesadas que admiten distintas interpretaciones y obligan muchas veces a recurrir a la de organismos competentes, no siempre clarificadores cuando dictan su doctrina.

Las Leyes las aprueban los políticos, entre los que, al menos hoy en día (y creo que en todos los tiempos), hay pocos que no busquen su propio provecho (aunque sea en río revuelto)

Una vez en vigor, los mortales han de cumplirlas (aunque no las conozcan ni las entiendan)

Y si cualquiera de los mortales sometidos el imperio de la Ley actúa en contra de la misma puede ser acusado, juzgado y, en su caso, condenado o exculpado.

Hacer un pis en la calle, aunque sea consecuencia de una incontinencia insalvable, va contra las ordenanzas municipales en muchas ciudades. Si tú te meas en la calle y un policía te ve, o un ciudadano te denuncia, puedes terminar siendo multado.

Para acciones (u omisiones) más graves existe eso que se llama Justicia, Aparato Judicial, Sistema Jurídico, Poder Judicial. La trascendencia del mismo es incuestionable. Por eso, en cualquier sociedad civilizada los jueces gozan de un crédito y un respeto especial. En las sociedades tradicionales la experiencia que daban los años constituía una garantía suficiente para otorgar a los más ancianos el poder de impartir justicia. Pero en las sociedades actuales no es suficiente. En los Estados de Derecho el sistema judicial se basa en diferentes criterios; pero en cualquier caso, el conocimiento profundo de la ley es algo exigible, así como la independencia.

En algunos países, los jueces de primera instancia pueden ser incluso ciudadanos sin preparación judicial; pero siempre hay instancias superiores, a las que recurrir, en las que los jueces que las integran han de tener una contrastada preparación.

España es un Estado de Derecho con un ordenamiento jurídico, mejor o peor diseñado, pero legalmente establecido. Y de acuerdo con ese ordenamiento jurídico, por encima de todas las normas está la Constitución, en la que se dice que (Artículo 117) “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley“; e igualmente dice (mismo Artículo) que “Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley

En esta línea de razonamiento, y en el siguiente nivel normativo, todo lo concerniente a la regulación de los principios directores dados por la Constitución en esta materia se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ítem más. Los jueces y todos los que intervienen en los procesos judiciales (TODOS) han de someterse a los principios procedimentales establecidos en la Ley; ya la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ellas se establecen los mecanismos, los pasos que han de darse desde que se inicia un proceso hasta que se produce una sentencia; las posibilidades y vías de recurso, etc.

En España, ser Juez (o “jueza”, como han conseguido los descerebrados que se llame a las mujeres que lo son) no es fácil. Además de superar los planes de estudio propios de la abogacía hay que superar un complicado y exigente procedimiento opositor… y alcanzar el nivel de Magistrado de la Audiencia Nacional no es precisamente baladí. El hecho de adquirir la condición de juez es además exigente. Atender a las causas, informarse adecuadamente para emitir sentencia no es sólo escuchar los argumentos de las partes en la vista pública, sino instruir, con horas y horas de trabajo, el sumario .

La trascendencia de su función exige su independencia, la cual se logra, entre otras cosas, mediante la asignación de unos emolumentos justos, que garanticen en la medida de lo posible que no vayan a caer en la tentación de adaptar sus decisiones al cobro de ingresos fraudulentos procedentes de partes interesadas.

Pero los jueces no son dioses. Tienen sus propias ideas, su forma particular de actuar… y pueden fallar (no el sentido de emitir un fallo judicial, sino en el de errar)

Si la ley dice que en la instrucción de una causa se pueden hacer determinadas cosas y otras no se pueden hacer…. pues no se pueden hacer.

….

No creo que a estas alturas de lectura no te hayas dado cuenta de que todo esto va por las últimas sentencias conocidas internacionalmente, sobre todo la del caso del ex Presidente de la Comunidad Valenciana, Don Francisco Camps, y la del Magistrado de la Audiencia Nacional Don Baltasar Garzón. Y la de éste de un modo más concreto.

Como decía al principio, la Ley y la Justicia me resultan ininteligibles. Y algunas de las decisiones de los jueces me parecen incomprensibles… pero no soy abogado, no soy jurista, no soy juez… y tal vez lo que mi sentido de la justicia me informa no tenga suficiente fundamento.

No puede ni debe escaparse de la Justicia NINGÚN DELINCUENTE… ninguno; ni por un error en la instrucción de una causa, ni por enjuiciar sin fundamento.

No se puede matar impunemente hoy y “salvarse” porque sí. No pueden quedar sin castigo delitos cometidos en nombre de ideologías antes, durante y después de la Guerra Civil… o al menos sin la reparación adecuada. Pero con coherencia y sensatez… teniendo en cuenta que hablamos de circunstancias de hace más de 70 años. Como tampoco pueden quedar impunes los delitos de ETA y sus adláteres, ni los de los Correa, los Ruiz Mateos o cualesquiera de los vividores que inundan la vida pública. Pero hágase con un escrupuloso respeto a la Ley.

Nunca he entendido que un delincuente pueda salir indemne por un error procedimental, por una triquiñuela administrativa. Recuerdo siempre el caso del famoso Al Capone: nadie tenía duda de su implicación en negocios fraudulentos y asesinatos… pero no pudo ser condenado más que por un delito fiscal… por no pagar los impuestos en proporción a sus ingresos demostrados…

Por eso, no tengo claro que un juez no pueda ordenar cualquier cosa para investigar un delito y perseguir a un delincuente; aunque si la Ley dice que no se puede hacer algo, un juez que lo hace está infringiendo esa Ley.

De todas formas, en el caso del juez Garzón (el primero juzgado de las tres causas que tiene abiertas) lo que veo es que quien le ha juzgado y condenado es el Tribunal Supremo. ¿Es que la decisión unánime de 7 magistrados tiene menos valor que las decisiones tomadas por él?  ¿Es que mi interpretación de hechos que sólo conozco por las noticias de prensa está más fundamentada que la de los instructores de la causa? 

Él dice que la decisión estaba predeterminda, es decir, que ya estaba sentenciado antes de abrirse la causa… en consecuencia debería denunciar por prevaricación a los 7 magistrados que le han condenado.

No sé. No me gusta que un juez sea condenado… porque tal cosa me dice que hay jueces que no cumplen con la ley: ya sea Don Baltasar, condenado; ya sean los magistrados que le han condenado si no lo han hecho conforme a la Ley… y eso tambalea mi seguridad jurídica.

También me llama la atención que el juez haya sido procesado y condenado por un hecho relacionado con la instrucción de una causa aún sin resolver…

Y, bueno, lo que no me parece de recibo tampoco es que se critique al sistema judicial español con argumentos como los que se leen y escuchan; como si Don Baltasar se hubiera ganado la “intocabilidad” sólo por haber sido el primero en lanzarse a juzgar asuntos como los relacionados con la llamada memoria histórica (otra de las causas que tiene abiertas, que no la sentenciada ya) y que se tache a los magistrados que le han juzgado de moverse con otras intenciones distintas a hacer valer la justicia en el hecho juzgado… si quien lo dice tiene razones para ello habrá que proceder, igual que contra Garzón, contra los 7 magistrados del Tribunal Supremo.

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